Dos organizaciones, vigilantes de la libertad de expresión, condenaron el proceso penal contra las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, un procedimiento comúnmente usado por el régimen para silenciar las voces disidentes, subrayaron.
“PEN Internacional rechaza que la Fiscalía de Cuba haya solicitado formalmente una pena de hasta cuatro años de privación de la libertad para la intelectual y activista Alina Bárbara López por ejercer su libre expresión y su expresión artística. También estamos al tanto de que se solicitó al menos tres años de prisión para la historiadora Jenny Pantoja Torres”, dijo a Martí Noticias, Alicia Quiñonez, directora para las Américas de la institución.
El 18 de junio de 2024, López Hernández y Pantoja Torres se dirigían a La Habana para participar en una protesta pacífica, cuando fueron interceptadas, en el puente de Bacunayagua en Matanzas, por oficiales de policía que emplearon fuerza excesiva para detenerlas, provocándoles lesiones con posteriores secuelas.
El expediente elaborado por la Fiscalía describe a las acusadas como autoras de una agresión contra agentes del orden, pero no menciona la razón por la que fueron aprehendidas dos personas que viajaban tranquilas en un auto hacia La Habana.
“Este acoso legal forma parte de un método que las autoridades de Cuba emplean para perseguir a las voces críticas. Para PEN Internacional, ellas están siendo perseguidas por ejercer su derecho a la libre expresión y su derecho a la reunión pacífica y de asociación”.
Las dos historiadoras están acusadas de atentado, y, en el caso de López Hernández, también de desacato y desobediencia.
Ambas, junto a otros activistas, se manifiestan pacíficamente el 18 de cada mes en diferentes plazas del país para demandar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, que el Estado no se desentienda de la situación de ancianos y familias que están en pobreza extrema; libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
El Observatorio de Libertad Académica (OLA), asentado en Madrid, expresó a nuestro medio su oposición firme a las acciones de las autoridades cubanas.
“Demuestran cómo en Cuba se ejerce la violencia contra los docentes y personas que están vinculados al espacio académico, a la producción de conocimiento”, indicó Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA.
El especialista impugnó la criminalización de dos mujeres que ejercieron su derecho al disenso “de modo cívico, responsable, en el espacio público, con reclamos concretos en pos de la democratización del país” y que están siendo víctimas de un juicio preparado con fines políticos.
“No es algo nuevo, es algo que hemos visto a lo largo de las décadas y lo vimos con muchísima intensidad en los juicios de los manifestantes del 11 de julio. Además, quien conoce a la profesora Alina Bárbara sabe que es una persona sumamente pacífica. Acusar a las dos académicas nos muestra el sentido realmente politizado y ejemplarizante que tiene la Justicia en Cuba”, enfatizó Fernández Otaño.
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